La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, conocida como Ley de Dependencia, entró en vigor el 15 de diciembre de 2006.
Esta ley establece que las personas que necesitan ayuda de otra persona para realizar actividades de la vida diaria pueden acceder a prestaciones económicas o servicios de apoyo, siempre que se reconozca oficialmente su situación de dependencia.
Las cuantías del cheque servicio (Prestación Económica Vinculada al Servicio) varían en función de distintos factores que se valoran de manera individualizada en cada caso.
Entre los elementos más relevantes se encuentra el grado de dependencia reconocido oficialmente, determinado a través de la valoración realizada por los técnicos de la Ley de la Dependencia.
Asimismo, influye el coste del servicio o de la plaza contratada, ya sea en un centro de día, servicio de ayuda a domicilio, residencia o servicios de promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía personal a través de disciplinas como la psicología, la terapia ocupacional o la logopedia.
Por último, también se tiene en cuenta la capacidad económica de la persona beneficiaria, considerando sus ingresos y patrimonio.
Y, desde finales del año 2025, esta prestación solo puede vincularse a un único servicio contratado.